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Revista OSAL > Revista OSAL Nº 16
Reforma agraria y lucha por la tierra en América Latina
Si bien es cierto que
la asunción de Duarte Frutos a la presidencia de la república en agosto de 2003
supuso la continuación de las políticas económicas de los gobiernos anteriores,
ha marcado también el inicio de cambios en la gestión política interna que ya
puede ser evaluada como altamente negativa para el movimiento social en su
conjunto y por ser el de mayor importancia para el campesino en particular .
Lo específico de la gestión de Duarte Frutos es la legitimidad de su gobierno
para aplicar los mecanismos político institucionales que permitieron la profundización
de la política neoliberal. Esta "legitimidad" deriva de varios
factores: su relativa poca vinculación anterior con el aparato del Partido
Colorado (en el gobierno desde 1940), notablemente desprestigiado por la
corrupción y el atraso en que ha sumido al país; el importante número de votos
logrado en las elecciones de 2003 (34%), debido en parte al uso demagógico de
reivindicaciones populares empleado durante su campaña; la composición de su
gabinete con figuras no necesariamente provenientes del tradicional
clientelismo colorado; las medidas populistas de la primera etapa de su
mandato; el uso hasta el hartazgo de un marketing publicitario delicadamente
esbozado; y varios otros.
Con este impulso
inicial (su nivel de aprobación por parte de la ciudadanía llegó a ubicarse por
encima del 50%) la mona fue rápidamente despojándose de sus vestidos de seda. A
tres meses de asumir, el Paraguay por primera vez en su historia firma un
acuerdo stand by con el Fondo Monetario, con las condicionalidades que ello
implica; se suceden otras iniciativas en el plano tanto económico como jurídico
y una bien planificada campaña de desprestigio de los movimientos sociales y
partidos políticos progresistas.
El gobierno, sin una
estrategia propia, aparece en poco tiempo como una estructura orientada en lo
sustantivo a precautelar los intereses de cuatro grupos de poder claramente
delimitados. Por un lado, el que reúne los intereses del capital transnacional,
que incluye a las multinacionales financieras, del petróleo, de provisión de
insumos para la agricultura de exportación, las importadoras y exportadoras, y
en lo institucional a los organismos multilaterales de crédito y a la propia
embajada norteamericana.
El segundo grupo es
el de los latifundistas, que no sólo ha mantenido el poder y prestigio de
antaño, sino que lo ha multiplicado por efecto de la hipervalorización
inmobiliaria rural que resultó últimamente y entre otras cosas de la
expansión del área de siembra de la soja transgénica y de la apertura de nuevos
mercados internacionales para la carne elaborada.
El tercer grupo de
poder es el de los narcos. Extensos territorios del país se encuentran hoy bajo
control de facto de grupos dedicados a la producción de marihuana, vinculados a
los que trafican insumos para la cocaína y producción terminada de la misma
hacia mercados de ultramar. Este grupo, íntimamente vinculado a todas las
esferas de poder, completa sus ganancias con el muy próspero negocio del lavado
de dinero. Se trata de un poder paralelo, subterráneo pero visible para toda la
población (especialmente la rural) que controla importantes recursos del poder
político y administrativo del Estado.
Finalmente, opera el
grupo de seudo-empresarios (empresaurios) que forman parte del (o se benefician
por parentesco o vínculos políticos con el) gobierno. Engrosan este grupo buena
parte de los integrantes de la burocracia corrupta del régimen. Las fuentes
principales de enriquecimiento de los integrantes de este grupo son: las
licitaciones amañadas de obras públicas, el contrabando, otras formas de
evasiones, el desvío de fondos públicos. Los intermediarios de productos
agrícolas se ubican en su mayoría en este grupo.
El empresariado
auténtico, debilitado, deambula sin rumbo principalmente entre los dos primeros
grupos. El empresariado agrícola, específicamente el mediano dedicado a la
soja, debe considerarse una prolongación de los grupos multinacionales que
proveen insumos para la agricultura, y de las agro exportadoras. Son sus
integrantes en la práctica, "trabajadores a domicilio" de aquellos.
Todos estos grupos que
son los que realmente detentan el poder real más allá de la formalidad de las
instituciones estatales tienen intereses anti-campesinos. Se retoma este punto
más adelante.
"Lo específico
de la gestión de Duarte Frutos es la legitimidad de su gobierno para aplicar
los mecanismos político institucionales que permitieron la profundización de la
política neoliberal"
Se obvia en este trabajo la descripción histórica del
movimiento campesino en el Paraguay, que ya ha sido abordado por diferentes
autores. En la actualidad, tal como lo apunta Palau (2002), "dos son las
principales referencias organizativas campesinas, la Mesa Coordinadora Nacional
de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y la Federación Nacional Campesina (FNC).
La primera articula en su interior a más de treinta organizaciones de base,
regionales y nacionales, tiene una estructura bastante laxa propia de su
estructura de coordinadora y sus reivindicaciones centradas en los últimos
años en la implementación de proyectos productivos y en demandas de tierra,
salud y educación. La FNC, por su parte, también con presencia e inserción en
gran parte del país, tiene una estructura bastante más rígida y sus
reivindicaciones en los últimos años están principalmente centradas en el
cultivo y la industrialización del algodón. Ambas sin embargo, coinciden en la
necesidad de la reforma agraria y son contrarias a las políticas neoliberales,
asimismo, utilizan los mismos métodos de lucha: movilizaciones, invasiones de
tierra y cortes de rutas, constituyéndose esta última en la medida más fuerte
de presión".
Una tercera organización de carácter nacional, la
Organización Nacional Campesina (ONAC), más pequeña y de origen
social-cristiano, ha estado aliada hasta 2002 a la FNC, pero debido a
diferencias internas se separa de ella y desde entonces participa del Frente
Nacional de Lucha por la Soberanía y la Vida, liderado por la MCNOC. CONAMURI
es la cuarta organización de alcance nacional, integrada por mujeres campesinas
e indígenas.
La FNC y la MCNOC,
más allá de las diferencias ideológicas y divergencias tácticas acerca de las
formas de encarar la lucha reivindicativa, mantienen una breve pero ya
histórica disputa marcada por la rivalidad entre dirigentes, fruto de la
traumática escisión de la MCNOC en 1997. Estas discrepancias se acentuaron
hasta el punto que fundado principalmente en la importante base social de la
FNC en 1999 algunos de sus dirigentes, más otros sectores sindicales y políticos,
crean un partido político, Paraguay Pyahu Ra (PPPR), de inspiración marxista
leninista, para dejar clara la orientación política del movimiento. Por su
parte, la MCNOC mantiene la unidad a pesar de la diversidad de organizaciones y
de partidos políticos de izquierda a los que se encuentran afiliados muchos de
sus dirigentes. Convergencia Popular Socialista (CPS) y el Partido de los
Trabajadores (PT) son los principales. Otros dirigentes manifiestan
explícitamente su independencia con respecto a cualquier tipo de organización
partidaria.
Según la sugerente
caracterización que hacen Grammond y Mackinlay (2005) sobre las matrices o
tipos de relaciones sociales entre las organizaciones mexicanas, la FNC aparece
adoptando una variante de organización social subordinada a un partido
político, centrando "su estrategia de acción para mejorar la situación de
sus representados desde la política, por lo que en este caso es difícil
diferenciar la organización social del partido político", con la diferencia
con respecto a lo apuntado por esos autores importante por cierto de que ese
partido político no se plantea su participación en elecciones. Esto quedó
fehacientemente demostrado en la posición anti-participacionista adoptada desde
un principio por el PPPR en los tímidos intentos de unidad con propósitos
eleccionarios que se insinuaron hacia fines de 2002 para encarar las elecciones
nacionales del año siguiente.
La MCNOC, dado su
carácter más pluralista y en alguna medida poli-partidista, adopta más
claramente un tipo de relaciones o matriz de tipo social y política, aunque
ciertas organizaciones que la componen (caso de ACADEI, CRAI, y otras), dada su
independencia con respecto a partido alguno, "aceptan la tensión necesaria
entre organización social y partido político, debido a que tienen objetivos,
dinámicas de acción y reglas de funcionamiento distintos. La tensión se
resuelve a través del establecimiento de programas políticos, acuerdos pactados
y alianzas concretas" (Grammond y Mackinlay, 2005). Aquellas que responden
de manera más clara a lineamientos político-partidarios (MCP, OLT, ASAGRAPA y
otras) ya sea de CPS o del PT, tienden a compartir con la FNC la relativa
supeditación de las demandas populares a los intereses del partido, adoptando
en esta medida lo que los autores antes citados refieren como
"corporativismo blando". No obstante, debe reconocerse que, en el
caso de la MCNOC, la existencia de al menos dos partidos políticos y un
importante grupo de independientes hace que aquella supeditación sea mucho más
moderada, y que ciertas decisiones deban ser negociadas y acordadas entre la
dirigencia partidaria y la social.
La ONAC, que desde la
separación en 1997 de la FNC y la MCNOC estaba adherida a la primera, es en
realidad el brazo campesino en el Paraguay de la Confederación Latinoamericana
de Trabajadores (CLAT). El brazo obrero está representado por la Central
Nacional de Trabajadores (CNT), que desde 2003 atraviesa una profunda y aún
irresuelta crisis. La disputa por la Dirección Nacional se da entre un
candidato perteneciente al PPPR, que era el anterior Secretario General y que
buscaba la reelección, y un candidato independiente. El triunfo de este último
y las ásperas discusiones mantenidas determinan que la nueva dirigencia de la
CNT y de la ONAC se vuelque hacia el Frente de Lucha por la Defensa de la
Soberanía y la Vida, conformado en 2004, y en el que se encuentra la MCNOC.
Dos nuevos
movimientos entran en escena en el cuadro de los movimientos sociales desde
mediados de 2003. Uno netamente campesino y otro de conformación
multisectorial, aunque también con un fuerte componente campesino. Se trata del
Movimiento Agrario Paraguayo (MAP) y las Coordinadoras Departamentales de Lucha
por la Soberanía y la Vida (CDLSV).
El MAP tiene su
origen en un movimiento religioso de tipo evangélico, el Pueblo de Dios, que
desde su implantación en el país tuvo buenas relaciones con el régimen de
Stroessner. Algunas de las altas figuras de ese régimen llegaron incluso a
pertenecer a esta religión que se caracteriza por prácticas de reclusión en
comunidades campesinas en territorios relativamente autónomos. El Departamento
de Caaguazú es la zona del país en donde más raigambre logró. Por tratarse de
un departamento de alta conflictividad con gran proliferación de movimientos
campesinos, luego de que el golpe del `89 fuera desmoronando su base política
de sustentación, el Pueblo de Dios fue teniendo actitudes más aperturistas
hacia las reivindicaciones campesinas. Algunos de los líderes de ciertos
distritos de dicho departamento (Yhu, Vaquería, 3 de Diciembre, San Joaquín) se
incorporaron a la religión y trasladaron a sus comunidades la agitación social
propia de la zona. El MAP, entre otros, es uno de los movimientos que
constituyen la CDLSV de Caaguazú, resistido tanto por la FNC como por la MCNOC
por su estrecha vinculación con esa religión.
Desde el ciclo
agrícola del verano 1999-2000, el área de siembra de la soja, con la
incorporación de su semilla transgénica, ha venido expandiéndose aceleradamente
en el país. Desde entonces el uso de potentes agrotóxicos se ha intensificado;
a los insecticidas que se venían usando para los rubros de exportación se
adicionó el uso de herbicidas. La tierra se sobrevalorizó rápidamente (pasando
de un promedio de U$ 300 la hectárea a U$ 2.800 en las zonas sojeras)
expulsándose de ellas vía alquiler o compraventa a los campesinos ahí
residentes. Los sojeros son en su mayoría extranjeros (brasileños y de otras
nacionalidades). Muertes por envenenamiento, intoxicaciones masivas, expulsión
de sus tierras, enajenación del territorio nacional, pérdida de soberanía
alimentaria por el monocultivo, son algunas de las consecuencias de este
proceso y las razones principales que motivaron el surgimiento de las
Coordinadoras Departamentales.
La conciencia sobre
la situación provocada por el masivo cultivo de la soja transgénica se difundió
no sólo a los directamente damnificados, los campesinos, sino también a
educadores, religiosos, intendentes, estudiantes, asociaciones confesionales,
periodistas, técnicos de ONG y otros. A fines de 2003 ya se encontraban
funcionando las Coordinadoras de San Pedro (con importantes contingentes de
dirigentes de la MCNOC) y Caaguazú. En ambas, los respectivos obispos
diocesanos tuvieron una activa participación, además de sacerdotes, diáconos y
miembros de otras religiones. A principios de 2004, con la suma de la
Coordinadora de Cordillera y la presencia de observadores de otros
Departamentos (Misiones, Paraguarí), se crea la Coordinación Nacional de
Coordinadoras Departamentales. Posteriormente, hacia mediados de año, esta
organización recién constituida pasa a conformar el Frente Nacional de Lucha
por la Soberanía y la Vida (FNLSV), del que además de la MCNOC forma parte la
Plenaria Popular Permanente.
"La expansión
del neoliberalismo en la economía nacional ha devastado a la sociedad
campesina; las multinacionales controlan hoy no sólo la provisión casi completa
de insumos para la producción, sino también las principales redes del comercio
internacional de los rubros de exportación"
Las características que presentan las principales
organizaciones sociales paraguayas resultan similares a aquellas señaladas por
Zibechi (2003) en relación con como se vio una cierta autonomía ante los
partidos políticos de un grupo importante de ellas (aunque no de todas), con la
revalorización de la cultura y la identidad, la formación de sus cuadros, el
nuevo papel de la mujer en la organización campesina, la creciente
participación de los indígenas, la preocupación por los problemas
medioambientales, las formas de movilización y, en particular, la importancia
del arraigo territorial, que ha sido el factor determinante para la
constitución del MAP y de las Coordinadoras Departamentales para la Defensa de la
Vida y la Soberanía. Pero por el momento la mayor fortaleza de las mismas
radica en la fuerza y la correcta orientación de sus argumentos, notablemente
más "modernos" que los de las fuerzas antagónicas.
En efecto, la expansión del neoliberalismo en la economía
nacional ha devastado a la sociedad campesina; las multinacionales controlan
hoy no sólo la provisión casi completa de insumos para la producción, sino
también las principales redes del comercio internacional de los rubros de
exportación. Empiezan incluso a comprar activos inmobiliarios en detrimento de
las demandas de campesinos sin tierra. Las condicionalidades del FMI cierran
las posibilidades de desarrollo desde el sector primario. A su vez, el gran
latifundio, reconvertido ahora parcialmente hacia el negocio de la soja
transgénica y estimulado por los precios de las tierras, defiende
delictivamente sus propiedades. Los narcos en el norte de la región oriental
sujetan a importantes contingentes campesinos a la producción de marihuana so
pena de represalias. La corrupción imperante entre ciertos
"empresarios" vinculados al gobierno termina de arruinar al
campesinado con el contrabando de productos agrícolas y el control autoritario
de las redes de comercialización interna. El deterioro del costo de vida y del
poder adquisitivo de salarios y precios agrícolas se encarga de hacer el resto.
En este contexto, las luchas campesinas desde que Duarte
Frutos asume el gobierno han continuado negociando infructuosamente mejores
condiciones de vida y producción para sus asociados. Después el éxito obtenido
en frenar la privatización de varias empresas públicas y un proyecto de ley
"antiterrorista" en junio de 2002, lo que promisoriamente pintaba
como la unidad del movimiento social paraguayo, con el papel protagónico de la
MCNOC y la FNC en el Congreso Democrático del Pueblo (CDP), se ha diluido.
En el inicio del actual mandato presidencial las
movilizaciones se suceden. Se dan incluso violentos enfrentamientos a fines de
2003 y casi todo el 2004 alrededor del tema de la soja, hasta que en noviembre
de 2004 Duarte Frutos, bajo fuerte presión del lobby de los terratenientes,
accede a movilizar al ejército y sacarlo a las zonas rurales para contener la
ola de ocupaciones. El efecto es inmediato, ya que esto se produce precisamente
en la época en que se realizan las labores de siembra de la oleaginosa. El
ejército permanece en los sitios conflictivos. Un decreto posterior crea 18
nuevos destacamentos militares en otros tantos puntos del país, con lo que se
completa el cierre de la tenaza represiva hacia el movimiento campesino.
Ya en abril de 2005 los neoliberales vuelven a la ofensiva.
El Parlamento termina por aprobar una nueva ley según la cual se transfiere al
jefe del Ejecutivo la decisión con respecto a las privatizaciones. Se trata de
una maniobra efectiva para burlar la Ley 1932, que derogaba la vigencia de la
1615 (de privatización) que en mayo-junio de 2002 había provocado la
contundente reacción campesina. Con este motivo se reanudan las conversaciones
entre la MCNOC y la FNC, que se habían interrumpido desde aquella fecha. Los
interlocutores son el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de la Vida y la
Soberanía (liderado por la MCNOC) y el Frente de Defensa de los Bienes Públicos
y del Patrimonio Nacional (liderado por la FNC), que son los que en 2002
formaron el CDP. Entre ambos, dichos frentes reúnen a la casi totalidad de las
organizaciones sociales campesinas o no que reconocidamente tienen existencia
activa en el país.
Acosados por las políticas económicas neoliberales, el agresivo actuar de las multinacionales, el cerco de los latifundistas, las restricciones impuestas por los narcos y la corrupción de los "empresarios" vinculados al gobierno, los campesinos continuaron manifestando su descontento durante todo el mandato de Duarte Frutos. El 25 de febrero de 2004 la FNC convocó en Asunción a una movilización para debatir sobre el modelo de desarrollo. A su vez, CONAMURI moviliza a sus asociadas a comienzos de mes, reivindicando mayor asistencia en salud. El 16 de marzo hace lo propio la MCNOC, con un abanico muy amplio de reivindicaciones. Entre el 16 y el 18, la MCNOC bloquea dos rutas nacionales. El 31 de marzo la FNC vuelve a movilizar a sus adherentes en la undécima marcha anual consecutiva: la reforma de la banca pública y la industrialización del algodón son los dos principales reclamos. A comienzos de abril CONAMURI y la MCNOC vuelven a manifestarse por el tema de la salud. Para esta fecha ya la mesa de diálogo convocada por el gobierno a finales de 2003 se disuelve. En julio, la Coordinadora de Productores Agrarios de San Pedro Norte se moviliza en ese departamento. Ante el incumplimiento de promesas, esta organización inicia un bloqueo de ruta más masivo a comienzos de agosto.
El 17 de agosto las protestas son realizadas en varios
puntos del país por organizaciones integrantes de la MCNOC. El clima se
enrarece aún más hacia fines de ese mes, con el anuncio de que la FNC también
marchará contra el "modelo privatizador". Mientras, en San Pedro siguen
las ocupaciones. Hacia comienzos de septiembre la MCNOC accede a volver a
dialogar con el gobierno, mientas la FNC ocupa oficinas del Crédito Agrícola de
Habilitación y del Banco Nacional de Fomento en varias ciudades del interior.
Amenazan con nuevos cierres de rutas. La MCNOC y el FNDVS anuncian ocupaciones
en varios latifundios. A fines de septiembre la tensión es ya grande. La
policía recibe órdenes de desalojo en las ocupaciones. En octubre se realiza un
"paro cívico" que tiene pocos resultados. A principios de noviembre,
a pedido de la ARP, el ejército reprime en los asentamientos. A partir de
entonces se entra en un período de tensa calma, marcada por una fuerte
represión principalmente a las bases de la MCNOC, hasta que a fines de abril y
comienzos de mayo de 2005, con la reactivación del proceso privatizador, los
aprestos campesinos de movilización se reinician.
Más allá de lo que suceda en el corto plazo, las
perspectivas de cambio social que resulten de la acción de los movimientos
campesinos en el país dependen de la resolución de varios factores. Por un
lado, la disposición de la dirigencia de los partidos políticos (que mantienen
en la mayoría de los casos relaciones simbióticas con la cúpula de muchas de
las organizaciones campesinas) a encarar la resolución de la tensión partido/
movimiento. Por otro lado, de superar la distancia entre la dirigencia
nacional, la dirigencia regional y las bases. Estas relaciones distan mucho de
ser las más adecuadas para un sistema de representación participativa. Otro
aspecto de no menor importancia es motivar la participación a través de
consignas y reivindicaciones unificadoras, superando el fraccionamiento de la
demanda particular de cada uno de los movimientos, lo cual se ha visto reflejado
en la multiplicidad de reivindicaciones esgrimidas en cada una de las
movilizaciones.
La demanda por la unidad del movimiento es unánime desde las
bases que no comprenden las divisiones de cúpula. La responsabilidad de la
dirigencia social en este sentido es muy alta. Sin embargo, en la medida en que
las organizaciones (y los movimientos) sociales en su conjunto no se desprendan
de su estrecha vinculación a los partidos políticos (lo cual no significa
renunciar a un proyecto político), no será posible la maduración de la fuerza
social que por ahora sabe con toda claridad lo que quiere, pero a la que le
falta la correa de transmisión política de sus demandas, que habrá de venir a
través del diálogo serio y los pactos responsables entre los movimientos campesinos
y el o los partidos que se hagan cargo de su demanda social.
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